Sin dar lecciones de historia, y aprovechando que hoy es 27 de noviembre, aniversario de la firma de la Declaración de Bruselas, en la que por primera vez se abordó el tema de la soberanía en el contencioso sobre Gibraltar, queremos desde GOMEZ-CAMINERO recordar la verdad histórica y aventurarnos al futuro jurídico de la situación actual, que parece manipulada por los medios de comunicación en función del signo político al que representan.
Recordemos que la pérdida de Gibraltar comienza en plena Guerra de Sucesión tras la muerte de Carlos II “el Hechizado” (el último Rey de la Casa de Austria, dinastía Habsburgo) hace más de tres siglos, cuando una flota angloholandesa ocupó el Peñón, aunque sin declaración de guerra alguna. Estamos en 1704, cuando en Gibraltar se iza la bandera británica en nombre de la Reina de Inglaterra.
El 13 de julio de 1713, por el Tratado de Utrecht, se cede a Gran Bretaña la plena propiedad de la ciudad, acordando que “si en algún tiempo a la Corona de Gran Bretaña le pareciera conveniente dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de Gibraltar”, se concedería a la Corona de España la opción de compra.
Se levanta la verja y se evidencia la separación
En 1909 el gobierno británico decide levantar una verja en el borde neutral que divide ambos territorios, pero fue a partir de 1940 cuando la dictadura del general Franco inició sus reclamaciones sobre el Peñón de Gibraltar, motivando que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara, entre 1965 y 1974, seis resoluciones instando a ambos países a negociar la solución del conflicto.
No obstante, lo que hizo el gobierno británico fue celebrar un referéndum en 1967 en el que el 96% de los gibraltareños eligió continuar su relación con Londres, aprobando dos años más tarde la llamada Constitución Lansdowne, mediante la que Gibraltar se convertía en una colonia representada en Londres a través de un ministro principal, lo que provocó que, en 1969, el gobierno español decidiera cerrar la verja.
Con la llegada de la democracia ambos países inician un serio diálogo que culmina con la Declaración de Lisboa, firmada el 10 de abril de 1980, por los ministros de Exteriores Lord Carrington y Marcelino Oreja, comprometiéndose a resolver el problema de Gibraltar conforme a las resoluciones de la ONU.
La Declaración de Bruselas
Con la llegada de Felipe González al gobierno español se ordena la apertura de la verja, aunque sólo para peatones, y es a partir de entonces cuando se aborda seriamente el problema de la soberanía. Por eso hoy es el aniversario de la Declaración de Bruselas (27 de noviembre de 1984) en la que se acordó negociar para solventar definitivamente todos los problemas. Fue la primera vez que el gobierno británico admitió tratar cuestiones de soberanía, iniciándose así un ciclo con doce rondas negociadoras. Esto permitió que, un año más tarde, se accediera a la apertura total de la verja para personas, vehículos y mercancías.
Reuniones sin acuerdos y reticencias mutuas en las que se llegó a hablar de una soberanía compartida, motivaron que en marzo de 2002 se convocara un paro en Gibraltar en protesta por las negociaciones, celebrándose un nuevo referéndum que, de manera aplastante (casi el 99%) se manifestó en contra de compartir la soberanía. Esto, y el cambio de gobierno en España, hizo inviable cualquier reunión posterior.
En 2004, España y el Reino Unido acuerdan reanudar las conversaciones a través del denominado Foro de Diálogo, destinado a colaborar sin hablar de soberanía. De hecho, dos años después, los gibraltareños aprobaron su nueva Constitución, en la que erradicaban la fórmula de colonialismo que impregnaba sus relaciones con el gobierno británico, aunque realmente era una cuestión de estética.
¿Por qué hemos llegado a la situación actual?
Con estos antecedentes, hemos de destacar lo verdaderamente relevante:
- Según el punto 24 del Consejo celebrado en abril de 2017, una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión Europea, ningún acuerdo entre la UE y el RU podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin haberlo convenido el Reino de España y el Reino Unido.
- El artículo 184 del acuerdo del brexit del que tanto se habla (el penúltimo de los 185 que componen el Tratado de retirada de RU de la UE) regula las negociaciones sobre la relación futura entre Bruselas y Londres, y se publicó por primera vez el pasado 14 de noviembre, a última hora de la noche, evitándose filtraciones de sus debates, razón por la que fue conocido por el gobierno español en ese mismo momento, a pesar de que su texto tiene 585 páginas, contando protocolos y anexos.
- Dicho artículo dice literalmente: “La Unión y Reino Unido pondrán su mejor empeño, de buena fe y respetando plenamente sus respectivos ordenamientos jurídicos, para tomar las medidas necesarias con el fin de negociar sin demora los acuerdos que deben regir su relación futura mencionada en la declaración política del 25/noviembre/2018 y llevar a cabo los procedimientos de ratificación o conclusión de esos acuerdos, con el fin de garantizar que dichos acuerdos se apliquen, en la medida de lo posible, a partir del final de la transición”.
- La Abogacía del Estado detectó que este artículo 184 planteaba problemas para la posición española, “más por lo que omite que por lo que dice, porque no habla de Gibraltar” y, por tanto, cabe presumir que cualquier acuerdo futuro entre el Reino Unido y la Unión Europea relativo al Peñón no exija consentimiento previo de España.
- España ha dispuesto de veto en las negociaciones sobre Gibraltar, un veto admitido por la Unión Europea y por el propio Reino Unido. De hecho, el presidente del gobierno español anunció que lo utilizaría para impedir que el artículo 184 permaneciera con ese texto.
- No se ha hecho. Se ha sustituido por un compromiso que recoge una declaración de intenciones plasmada en un pacto que, como tal y jurídicamente, sólo afecta a quienes lo firman. No van desencaminados quienes afirman que cuando Theresa May abandone el gobierno británico se acabó el compromiso y la diplomacia no necesite contar con España en temas que afecten a Gibraltar.
Esto pasa cuando se intenta mezclar la política con el derecho, porque un pacto no puede modificar una ley, y más si quien pretende hacerlo cumplir ya no está para exigirlo o no está a quien se quiere exigir. Y, que yo sepa, a May le queda un telediario.
Cuando la Abogacía del Estado está preocupada, será por algo. Cuando Pedro Sánchez anunció el veto o el voto en contra, sería por algo. Cuando Theresa May dice a sus compatriotas que no hay problema, será por algo. Cuando la Presidenta Lituana habla de truco y que “prometemos prometer”, será por algo.